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La responsabilidad en materia de contratación estatal

Noviembe 1 de 2016

La responsabilidad en materia de contratación estatal 

La Constitución Nacional estableció que el régimen de responsabilidad aplicable al Estado es el patrimonial. Ello significa que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

El Estado no solo es responsable extracontractualmente, sino que también lo es por otros sistemas de imputación, como el pre contractual y contractual, el ambiental, por actos terroristas, por la administración de justicia, por el estado legislador, etc.

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En materia precontractual y contractual, la Ley 80 de 1993, en el artículo 26 dispuso en virtud de este principio, algunas responsabilidades a los servidores públicos, como que, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, pero además, responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

Pero aunado a las responsabilidades de las entidades y sus servidores públicos, tenemos otros actores igual de importantes, y cuya responsabilidad es tan significativa como la del Estado; los contratistas y la Interventoría.

Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades.

Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.